El peso de la dictadura franquista y sus consecuencias en la historia colectiva y personal de este país no es fácil atenuarlo. Tan sólo hace tres décadas vivíamos bajo la espada del dictador, y pretender que en tres décadas de democracia se olviden cuarenta años de injusticia es imposible. Diferente es que para bien de todos, como se hizo en la Transición, forjáramos un ejercicio de concordia, de desprendimiento y de buena voluntad para construir y fortalecer la ansiada democracia que hoy disfrutamos. Pero olvidar lo ocurrido en la Guerra Civil y la Dictadura no es fácil, ni quizás aconsejable, salvo que suframos uno de los trastornos de la memoria, no sea que se repita. La memoria, como facultad humana, nunca olvida. Ahora bien, desde nuestra racionalidad, desde la condición de ser social que somos, podemos dominar nuestros sentimientos, perdonar como acto social, configurar un discurso pertinente, asumir unas reglas sociales de convivencia, pero lo que no cabe duda es que el recuerdo no se borra por decreto personal, subsiste como una consecuencia propia de la naturaleza humana.
Memoria histórica significa recordar lo bueno y malo que le ha acontecido a un pueblo. Lo bueno para disfrutarlo, lo malo para que no vuelva a repetirse. Pero, sobre todo, para que lo sucedido sirva de experiencia y ayude a aprender. Todos los pueblos construyen el presente y futuro con su memoria histórica. Sin ella un pueblo pierde señas de identidad y se arriesga a errar en el rumbo a seguir.
Memoria histórica es rendir tributo a los caídos, recordar los hitos de nuestra historia, conmemorar la promulgación de una constitución; es decir, todo aquello que ha podido hacer bien al devenir histórico de un pueblo. Sensu contrario, por qué no va a ser memoria histórica el recuerdo de los que han sufrido injustamente por la sinrazón o la prepotencia de quienes quisieron ver sólo su lado de la vida, de los que concibieron el mundo con una mirada parcial, de los que impusieron a todos, y por la fuerza bruta, las normas que sólo a ellos interesaban.
Sin embargo, memoria histórica no puede ser equivalente a revancha, a venganza, a desquite o a represalia. No, la memoria histórica no puede ser sinónimo de rencor. La Ley de la Memoria Histórica que ha aprobado el Parlamento de España huye de cualquier enfrentamiento pasado o presente, y busca con un espíritu de concordia resarcir el daño causado durante la Guerra Civil y la Dictadura a muchos españoles que fueron represaliados injustamente, que fueron víctimas de un poder que nunca quiso conciliar con ellos, y que usó la fuerza y la represión para alcanzar sus fines. Resarcir como se hiciera con el daño causado a Alfred Dreyfus en la Francia de inicios del siglo XX, o con las vejaciones de los judíos en la Alemania nazi, o como se trabaja por reparar el dolor de la Bosnia masacrada, o como imaginamos se hará por la crueldad infligida al pueblo iraquí. Resarcir como queremos que ocurra con las victimas del terrorismo o como demandan las víctimas de las crueles dictaduras sudamericanas, donde todavía se resiste la imputación de los dictadores.
Personalmente, quizás por mi vocación como historiador, no soy partidario de remover la Historia, ni juzgar por el presente lo acontecido en el pasado por muy abominable que nos parezca. Quedaría, en su caso, el análisis histórico mediatizado y sesgado, sin valor científico. Pero los hechos que son motivo de la Ley de la Memoria Histórica son los de este tiempo, los de personas que conviven entre nosotros, los de nuestros vecinos, que con sólo mirarles a la cara advertimos la huella triste de su pasado, del dolor que en un tiempo no muy lejano les causaron los modos autoritarios y excluyentes de unos pocos.
En una sociedad democrática y madura como la nuestra, nadie puede estar dentro de las reglas del juego con el sentimiento de que hacia él este sistema, al que tanto ha contribuido, no ha tenido un gesto de comprensión, una simple palmada de ánimo en la espalda. Lo mismo que hubo un tiempo en que por el bien de todos convino callar y ayudar a la implantación de la democracia, también hay otro tiempo en que se puede hablar de lo que tan prudentemente se ha tenido guardado en los rincones del alma. Pongámonos por un momento en la piel de alguien que sufriera exilio, persecución, prisión o trabajos forzosos por el simple hecho de no estar de acuerdo con las ideas del vecino, del alcalde o del gobierno de turno. ¿No nos parece esto algo monstruoso a los ojos de los que ahora vivimos en una sociedad democrática, libre y respetuosa con cada uno de nosotros? ¿No nos abominan las circunstancias que viven muchos ciudadanos en países donde no existe libertad, existe un régimen dictatorial o, aún siendo democracias, se violan los derechos humanos? Ahora lo único que se pretende es que esas personas vilipendiadas puedan ver resarcidas sus culpas con el mero reconocimiento general de nuestra sociedad democrática. Se trata sólo de dar un poco de consuelo a quienes se les cercenó parte de su vida, o simplemente se les asesinó.
Esta Ley de la Memoria Histórica no va contra nadie, tan sólo contra un régimen político que causó dolor. Con esta ley no se va alterar la convivencia nacional, quizás sólo va a soliviantar a los nostálgicos de aquel régimen. Por el contrario, la convivencia nacional se rompe con políticas interesadas que confunden a la gente, con insidias y tergiversaciones de la realidad, con malas artes que enredan a las personas y manipulan voluntades. Con esta ley se articula un ejercicio de perdón colectivo, de generosidad con los demás, con los que han sufrido injusticias. Reconocer que alguna vez nos hemos equivocado, dignifica a la persona.
La ley da cabida a todos los que fueron injustamente tratados, con independencia de su origen ideológico o religioso. Ahí están los religiosos perseguidos, los represaliados y los que lucharon a favor de la democracia –maquis, carabineros o miembros de la Unión Militar Democrática–. Una ley, en definitiva, que restituye el honor de todos los que fueron sometidos a condenas políticas por un ordenamiento jurídico sesgado y excluyente, interesado sólo en servir los designios de un régimen autoritario, compuesto por normas dictadas con un interés represor y contrarias a los derechos humanos. ¿Les vamos a negar estas migajas?
Estamos convencidos de que esta Ley de la Memoria Histórica vendrá a coadyuvar al cierre definitivo de la herida que se abrió aquella fatídica madrugada de julio del treinta y seis. Cuando en una sociedad todos nos sentimos reconocidos en nuestra dignidad, la senda para la convivencia democrática está marcada.
* Artículo publicado en el diario IDEAL de Granada el 6 de noviembre de 2007:
http://www.ideal.es/granada/20071106/opinion/memoria-historica-rencor-20071106.html
Memoria histórica es rendir tributo a los caídos, recordar los hitos de nuestra historia, conmemorar la promulgación de una constitución; es decir, todo aquello que ha podido hacer bien al devenir histórico de un pueblo. Sensu contrario, por qué no va a ser memoria histórica el recuerdo de los que han sufrido injustamente por la sinrazón o la prepotencia de quienes quisieron ver sólo su lado de la vida, de los que concibieron el mundo con una mirada parcial, de los que impusieron a todos, y por la fuerza bruta, las normas que sólo a ellos interesaban.
Sin embargo, memoria histórica no puede ser equivalente a revancha, a venganza, a desquite o a represalia. No, la memoria histórica no puede ser sinónimo de rencor. La Ley de la Memoria Histórica que ha aprobado el Parlamento de España huye de cualquier enfrentamiento pasado o presente, y busca con un espíritu de concordia resarcir el daño causado durante la Guerra Civil y la Dictadura a muchos españoles que fueron represaliados injustamente, que fueron víctimas de un poder que nunca quiso conciliar con ellos, y que usó la fuerza y la represión para alcanzar sus fines. Resarcir como se hiciera con el daño causado a Alfred Dreyfus en la Francia de inicios del siglo XX, o con las vejaciones de los judíos en la Alemania nazi, o como se trabaja por reparar el dolor de la Bosnia masacrada, o como imaginamos se hará por la crueldad infligida al pueblo iraquí. Resarcir como queremos que ocurra con las victimas del terrorismo o como demandan las víctimas de las crueles dictaduras sudamericanas, donde todavía se resiste la imputación de los dictadores.
Personalmente, quizás por mi vocación como historiador, no soy partidario de remover la Historia, ni juzgar por el presente lo acontecido en el pasado por muy abominable que nos parezca. Quedaría, en su caso, el análisis histórico mediatizado y sesgado, sin valor científico. Pero los hechos que son motivo de la Ley de la Memoria Histórica son los de este tiempo, los de personas que conviven entre nosotros, los de nuestros vecinos, que con sólo mirarles a la cara advertimos la huella triste de su pasado, del dolor que en un tiempo no muy lejano les causaron los modos autoritarios y excluyentes de unos pocos.
En una sociedad democrática y madura como la nuestra, nadie puede estar dentro de las reglas del juego con el sentimiento de que hacia él este sistema, al que tanto ha contribuido, no ha tenido un gesto de comprensión, una simple palmada de ánimo en la espalda. Lo mismo que hubo un tiempo en que por el bien de todos convino callar y ayudar a la implantación de la democracia, también hay otro tiempo en que se puede hablar de lo que tan prudentemente se ha tenido guardado en los rincones del alma. Pongámonos por un momento en la piel de alguien que sufriera exilio, persecución, prisión o trabajos forzosos por el simple hecho de no estar de acuerdo con las ideas del vecino, del alcalde o del gobierno de turno. ¿No nos parece esto algo monstruoso a los ojos de los que ahora vivimos en una sociedad democrática, libre y respetuosa con cada uno de nosotros? ¿No nos abominan las circunstancias que viven muchos ciudadanos en países donde no existe libertad, existe un régimen dictatorial o, aún siendo democracias, se violan los derechos humanos? Ahora lo único que se pretende es que esas personas vilipendiadas puedan ver resarcidas sus culpas con el mero reconocimiento general de nuestra sociedad democrática. Se trata sólo de dar un poco de consuelo a quienes se les cercenó parte de su vida, o simplemente se les asesinó.
Esta Ley de la Memoria Histórica no va contra nadie, tan sólo contra un régimen político que causó dolor. Con esta ley no se va alterar la convivencia nacional, quizás sólo va a soliviantar a los nostálgicos de aquel régimen. Por el contrario, la convivencia nacional se rompe con políticas interesadas que confunden a la gente, con insidias y tergiversaciones de la realidad, con malas artes que enredan a las personas y manipulan voluntades. Con esta ley se articula un ejercicio de perdón colectivo, de generosidad con los demás, con los que han sufrido injusticias. Reconocer que alguna vez nos hemos equivocado, dignifica a la persona.
La ley da cabida a todos los que fueron injustamente tratados, con independencia de su origen ideológico o religioso. Ahí están los religiosos perseguidos, los represaliados y los que lucharon a favor de la democracia –maquis, carabineros o miembros de la Unión Militar Democrática–. Una ley, en definitiva, que restituye el honor de todos los que fueron sometidos a condenas políticas por un ordenamiento jurídico sesgado y excluyente, interesado sólo en servir los designios de un régimen autoritario, compuesto por normas dictadas con un interés represor y contrarias a los derechos humanos. ¿Les vamos a negar estas migajas?
Estamos convencidos de que esta Ley de la Memoria Histórica vendrá a coadyuvar al cierre definitivo de la herida que se abrió aquella fatídica madrugada de julio del treinta y seis. Cuando en una sociedad todos nos sentimos reconocidos en nuestra dignidad, la senda para la convivencia democrática está marcada.
* Artículo publicado en el diario IDEAL de Granada el 6 de noviembre de 2007:
http://www.ideal.es/granada/20071106/opinion/memoria-historica-rencor-20071106.html
Imagen: Robert Capa (bombardeo Barcelona, 1939)
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